Por Fermín Borthelle. El Congreso Nacional aprobó la reducción de la edad de la imputabilidad en los menores, a efectos de establecerla en 14 años.
El tema no es nuevo ni tampoco concierne solo a nuestro país. Es una cuestión que emerge en todo el mundo occidental, en tiempo de crisis económico-social, cuando los índices del delito aumentan (y es una realidad que cada vez más adolescentes y niños engrosan las estadísticas de hechos fuera de la ley) y, también, durante gobiernos propensos a la “mano dura”.
Pretendo, entonces, argumentar, dar razones, sobre semejante error.
1. Argumento psicológico. A los 14 años el adolescente tiene un desarrollo neurocognitivo incompleto; no posee una maduración plena del lóbulo prefrontal, región cerebral vinculada al control de impulsos, la evaluación de consecuencias a largo plazo, la toma de decisiones racionales, la regulación emocional. La neurociencia demuestra que estas funciones continúan desarrollándose hasta los 21–25 años. Desde el punto de vista psicológico, la culpabilidad plena exige capacidad madura de comprensión y autodeterminación, algo que a los 14 años es estructuralmente limitado. Reducir la edad de imputabilidad supone equiparar jurídicamente a un adolescente en formación con un adulto plenamente desarrollado, lo cual contradice evidencia científica consolidada.
2. Argumento criminológico. La cárcel temprana o el encierro por delitos aumenta la reincidencia. La teoría del etiquetamiento (labeling theory) muestra que cuando el Estado define formalmente a un joven como “delincuente”, aumenta la probabilidad de que internalice ese rol. Las estadísticas internacionales son claras: los sistemas que priorizan medidas socioeducativas presentan menores tasas de reincidencia que los sistemas punitivos tempranos. Reducir la edad no disminuye el delito; muchas veces lo agrava a mediano plazo.
3. Argumento jurídico, que remite a los principios legales de “culpabilidad” y “proporcionalidad”. Reducir la edad de imputabilidad tensiona el principio de protección especial a la infancia y adolescencia, la proporcionalidad entre madurez psíquica y reproche penal, así como el mandato de adoptar medidas educativas antes que represivas. El derecho penal es la herramienta más violenta del Estado. Utilizarla prematuramente contradice su carácter excepcional.
4. Argumento social. Las estadísticas indican que gran parte de los adolescentes en conflicto con la ley provienen de contextos de pobreza estructural, fallas del sistema educativo, entornos de violencia familiar o comunitaria, consumo problemático de sustancias. El derecho penal o la baja de la edad de imputabilidad no reemplaza políticas de inclusión. Bajar la edad de imputabilidad sería como “atar el caballo atrás del carro”…
Castigar vs. Educar
En un sentido propositivo, la educación es el otro camino. Opuesto a lo que se está decidiendo. Ciertamente, es más largo, más costoso, menos efectista políticamente. Trasciende el tiempo del mandato presidencial o el de cualquier legislador. Pero aporta respuestas para la construcción de una sociedad mejor en todos los sentidos. Porque, está probado que:
– El cerebro adolescente aprende más de la intervención educativa que del castigo.
– A los 14 años el sujeto es más sensible al aprendizaje, más moldeable por experiencias significativas y puede modificar patrones conductuales con acompañamiento adecuado.
Por el contrario, el castigo severo activa respuestas defensivas y de exclusión.
– La educación activa procesos de integración y desarrollo de habilidades individuales y sociales, relativas a la regulación emocional, la empatía, la resolución de conflictos. La educación fortalece el autocontrol que la prisión, el encierro o lo correccionales debilitan.
– Si el castigo puede interrumpir una conducta, la educación puede modificar la trayectoria vital.
La pregunta central no es “¿merece castigo?”, sino ¿qué estrategia reduce mejor el delito futuro y protege a la sociedad? Una política criminal coherente indica que los regímenes penales requieren un abordaje sistémico, donde estén alineadas las políticas públicas de educación, de acción social y correccional. De esto, no se habla…
El problema de fondo no parece ser la edad, sino la exclusión o el valor y sentido social que los adultos le demos a las generaciones más jóvenes.
