Las comunas que integran el Ente Regional Punilla Sur formalizó su respuesta a las notificaciones enviadas por la Municipalidad de Villa Carlos Paz la semana pasada, vinculadas al pedido de regularización de deudas por los servicios regionales de agua potable y gestión de residuos sólidos urbanos.
La contestación se canalizó por dos vías: una presentación institucional del Ente y notas individuales de cada comuna, en las que se cuestionan los criterios de facturación aplicados y se solicita una revisión integral de los convenios vigentes.
Según consta en la documentación elevada, el Ente Regional pidió abrir una instancia de diálogo político y técnico para analizar el esquema actual de prestación de servicios, al considerar que existen diferencias sustanciales entre lo facturado y los mecanismos de gestión que se aplican en la región.
En ese marco, se invitó formalmente al intendente de Villa Carlos Paz a participar de una reunión destinada a revisar procedimientos, responsabilidades y alcances de los acuerdos.
Desde el Ente se remarcó que los servicios regionales deben abordarse con una mirada integral, respetando los convenios firmados y las particularidades de cada localidad, en un contexto donde las decisiones impactan sobre varias jurisdicciones y requieren reglas comunes, claras y verificables.
Presentaciones individuales
En paralelo, cada una de las comunas remitió su propia nota de respuesta a las intimaciones recibidas. En esos escritos se plantean observaciones y sostienen la necesidad de revisar los mecanismos de control, medición y facturación utilizados por la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
Más allá de los aspectos técnicos, advierten que el conflicto excede la cuestión contable y pone en discusión el modelo de administración de servicios regionales, con mayor previsibilidad y participación de todos los actores involucrados.
La respuesta formal del Ente Regional y de las comunas se inscribe en un escenario de tensión que se arrastra desde enero, tras la crisis hídrica provocada por una creciente que afectó el sistema de captación en Cuesta Blanca y dejó sin agua potable tanto a Carlos Paz como a las localidades del sur del valle en plena temporada turística.
Aquel episodio abrió un debate sobre la gestión del agua y otros servicios esenciales a escala regional. Desde entonces, los reclamos cruzados y las diferencias interpretativas sobre los convenios vigentes fueron acumulando tensión política e institucional.
