El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, cuestionó con dureza la medida cautelar dictada por la Justicia de Dolores que prohibió “toda actividad” de cuatriciclos, motos y cualquier tipo de vehículo que circule sin control y a alta velocidad en la zona norte del distrito, conocida como La Frontera, especialmente en el sector denominado La Hoya, donde se concentra la mayor cantidad de accidentes.
“Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”, sostuvo el jefe comunal, al tiempo que confirmó que instruyó al departamento legal del municipio para apelar la resolución firmada por el juez Félix Adrián Ferrán, a cargo de manera interina del Juzgado Civil y Comercial N° 4 del Departamento Judicial de Dolores.
De acuerdo con testimonios recogidos por el diario Clarín, durante la jornada posterior al fallo —ya en febrero y en día de semana, con menor afluencia turística— no se registró una actividad intensa en la zona. Si bien se observaron cientos de vehículos, la mayoría permanecía estacionada frente al mar, con gazebos y familias disfrutando de una jornada de altas temperaturas, con 35 grados y una sensación térmica de 36,5. Entre los residentes, la lectura fue clara: tras las multas aplicadas y la decisión judicial, “hay cierta cautela”.
Aplicación desigual
Ibarguren también puso el foco en lo que consideró una aplicación desigual de la medida. “Llama la atención que la prohibición se aplique únicamente al Partido de Pinamar y no a otras zonas donde la misma actividad se desarrolla en condiciones similares”, expresó.
La cautelar fue dictada a partir de un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, contra la Municipalidad de Pinamar. En su resolución, el juez Ferrán fundamentó la decisión en los riesgos que implica este tipo de prácticas sin control adecuado.
“Corresponde recordar que los municipios se encuentran investidos del poder de policía, el cual comprende la facultad y el deber de reglamentar, controlar y, en su caso, impedir actividades que pueden afectar la seguridad, la salubridad y el orden público”, señaló el magistrado. Además, consideró insuficiente la sola imposición de multas frente a accidentes graves, como el ocurrido en enero, cuando un niño de 8 años fue embestido por una camioneta Amarok, quedando con riesgo de vida.
El juez hizo referencia al caso de Bastián Jerez, el menor que resultó gravemente herido el 12 de enero en la zona de médanos. Tras ser estabilizado en el Hospital de Pinamar, continuó su tratamiento en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde este lunes fue sometido a su séptima intervención quirúrgica.
La decisión judicial reavivó el debate en Pinamar sobre el uso recreativo de vehículos en los médanos, la responsabilidad del Estado local y la necesidad de compatibilizar el turismo con la seguridad pública.
