En un giro político de último momento y ante la extrema gravedad de la situación en la cordillera, el Gobierno Nacional acordó avanzar en la declaración de la Emergencia Ígnea para todo el sur del país.

La medida, que se instrumentará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, responde al pedido unificado de los gobernadores de la Patagonia, liderados por el chubutense Ignacio Torres, junto a sus pares de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego.

El acuerdo llega en un momento crítico, justo cuando el fuego traspasa los límites del Parque Nacional Los Alerces y amenaza directamente a localidades como Esquel y Cholila. La importancia de este decreto radica en que dota al Estado de herramientas excepcionales para actuar sin las trabas administrativas habituales.

Esto permitirá la asignación inmediata de recursos presupuestarios, la contratación directa de medios aéreos esenciales y una coordinación mucho más ágil entre la Agencia Federal de Emergencias, Parques Nacionales y las brigadas provinciales que ya están en el terreno.

 

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue contundente al explicar que el fuego no distingue jurisdicciones ni partidos políticos, y que no se le puede preguntar a qué sector pertenece el productor o el vecino que pierde su emprendimiento o su vivienda.

Para el mandatario, atravesar una situación climática tan extraordinaria como la actual hacía indispensable contar con un marco normativo que permita actuar con rapidez y eficacia. En este sentido, valoró que el acuerdo con la Nación acompañe el esfuerzo de los brigadistas que llegaron desde casi todas las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires para combatir las llamas.

Además del combate directo en los frentes activos, la declaración de emergencia habilita procesos administrativos simplificados para la mitigación y la prevención de nuevos focos. Esto resulta vital para las provincias patagónicas que permanecen en alerta máxima ante la ola de calor que azota a la región. El nuevo marco legal busca unificar la capacidad de respuesta y garantizar que los recursos humanos, técnicos y logísticos lleguen a los lugares más afectados sin demoras burocráticas, priorizando la protección de la vida y el ecosistema nativo que ya sufrió pérdidas irreparables.