La abogada Marta Lastra presentó un escrito ante la Justicia Federal denunciando “maniobras dilatorias” por parte de la gestión de Javier Milei. Aseguran que la falta de reglamentación es una excusa para no otorgar beneficios impositivos y frenar la actualización de pensiones.
La crisis en el sector de la discapacidad sumó un nuevo capítulo judicial. Marta Lastra, abogada especialista y referente del espacio Defendamos Córdoba, denunció ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, el incumplimiento de la sentencia que obliga al Ejecutivo nacional a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En la presentación realizada ante el magistrado Adrián González Charvay, Lastra promovió la ejecución de la sentencia tras detectar acciones que, según afirma, atentan contra el colectivo de personas con discapacidad, prestadores, transportistas e instituciones
El conflicto por la reglamentación
El núcleo de la disputa radica en el argumento del Gobierno nacional, que sostiene la necesidad de reglamentar la ley para poder aplicarla. Sin embargo, la letrada —quien es además integrante de la Fundación Familias CEA y actora en el amparo colectivo original— rechazó de plano esta postura.
Para la denunciante, la reglamentación es una “excusa dilatoria y amenazante”. Según sostiene en el escrito: “No es necesaria una reglamentación para ordenar facilidades impositivas a instituciones que están al borde del cierre por su situación financiera”.
Además, sostiene:”Tampoco se requiere para autorizar el alta de pensiones no contributivas que fueron dadas de baja. La actualización del nomenclador de prestaciones en el porcentaje mínimo establecido es otra de las medidas urgentes que podrían ejecutarse sin demoras administrativas”.
Reserva para llegar a la Corte
Ante lo que considera un “atentado” contra el sector, Lastra dejó asentado en su presentación la reserva para elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso extraordinario.
Su reclamo busca “frenar el deterioro de las entidades que brindan servicios, cuya estabilidad fiscal se encuentra gravemente comprometida, y garantizar la restitución de derechos para los beneficiarios de pensiones y servicios de transporte”.
