En un duro comunicado conjunto, organizaciones del colectivo de personas con discapacidad y profesionales prestadores de la provincia de Córdoba, expresaron su rechazo absoluto al dictamen del Presupuesto Nacional 2026.
Denuncian que el proyecto oficialista incluye artículos diseñados para derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad (N.º 27.793), una norma que consideran vital para la supervivencia del sistema de prestaciones.
Un conflicto que llega a la Justicia
La controversia se agrava tras un fallo judicial reciente. Hace apenas una semana, la Justicia ratificó la vigencia de la Ley de Emergencia, ordenando al Gobierno Nacional su implementación inmediata luego de que este intentara suspenderla.
Según el comunicado firmado por entidades como la Federación Converger, CA.PRE.DIS, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), el Poder Ejecutivo ha respondido a este revés judicial incorporando a “último momento” dos artículos en la Ley de Presupuesto para derogar tanto la emergencia en discapacidad como la Ley de Financiamiento Universitario.
Consecuencias: Recortes y devaluación de servicios
Las organizaciones advierten que la eliminación de este marco legal tendrá efectos devastadores y directos sobre los beneficiarios:
- Actualización de aranceles: Se darían de baja los aumentos mensuales automáticos por IPC previstos para 2025. En su lugar, el Gobierno propone aumentos trimestrales decididos arbitrariamente, lo que profundizaría el desfasaje financiero de los prestadores.
- Deuda histórica: No se reconocería el atraso arancelario del sector, que las organizaciones estiman en un 70% durante la gestión actual.
- Pensión por Invalidez: El retroceso legal eliminaría la transformación de las “pensiones por invalidez laboral” en “pensiones para la protección social”, dejando a miles de personas en situación de pobreza fuera del sistema.
- Talleres protegidos: Advierten una reducción significativa en los ingresos de quienes trabajan en estos espacios de contención e integración laboral.
Llamado a los legisladores
El colectivo calificó la medida como una “maniobra encubierta” que utiliza a las personas con discapacidad como variable de ajuste. Ante esta situación, han solicitado formalmente a los Diputados Nacionales que no den quórum ni aprueben un presupuesto que “recorta derechos de manera indirecta”.
“No hay margen para retroceder. Defender la Ley de Emergencia es defender la vida y la dignidad de las personas con discapacidad”, concluye el documento, que también apela a los gobiernos provinciales para que intervengan en defensa de sus comunidades ante el inminente daño territorial.
