El Gobierno nacional presentó oficialmente en el Congreso su proyecto de reforma laboral, una de las iniciativas más ambiciosas y discutidas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La propuesta busca modificar aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, flexibilizar condiciones laborales y reordenar la estructura sindical, en un paquete que el oficialismo considera clave para “modernizar el mercado laboral” y que gremios y opositores califican como un “retroceso histórico”.
La iniciativa ingresó este jueves por la tarde y, según fuentes legislativas, sería tratada en las primeras sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, previstas para la semana del 16 de diciembre, siempre que el oficialismo logre los acuerdos necesarios para habilitar el debate. La intención del Gobierno es que el proyecto obtenga media sanción antes de fin de año y sea debatido en el Senado durante el mes de enero.
El contenido del proyecto incluye cambios estructurales. Uno de los ejes centrales plantea otorgar mayor flexibilidad a los empleadores para organizar el trabajo, permitiendo que acuerdos individuales o convenios por empresa tengan preeminencia sobre los convenios colectivos por rama. También elimina la “ultraactividad”, herramienta que hacía que un convenio siguiera vigente aun después de vencido, lo que para los sindicatos implica una pérdida de capacidad de negociación.
Otro punto relevante es la reorganización del tiempo de trabajo. El proyecto habilita la fragmentación de vacaciones, introduce esquemas de “banco de horas” y permite mayor flexibilidad en compensación de jornadas. Desde el sector empresarial celebran estas medidas por considerarlas necesarias para “adaptar la producción a ciclos reales”, mientras que gremios y especialistas advierten por un posible incremento en la inestabilidad laboral.
Uno de los aspectos más controvertidos aparece en el régimen de despidos. El Gobierno propone modificar el cálculo y la modalidad de pago de las indemnizaciones, que en algunos casos podrían abonarse en cuotas mensuales, un mecanismo que ya generó fuertes cuestionamientos de la CGT. También contempla nuevas modalidades de remuneración ligadas a productividad y habilita parte del salario en especie.
El capítulo sindical incorpora más tensiones. El texto restringe acciones gremiales dentro del ámbito laboral, establece nuevas condiciones para reuniones y movilizaciones internas y redefine sanciones frente a medidas consideradas abusivas. Las centrales obreras ya anticiparon que estas modificaciones “apuntan a debilitar la acción sindical” y adelantaron que preparan una estrategia conjunta para frenar la reforma.
Desde la óptica oficial, la reforma apunta a reducir costos, simplificar procesos y facilitar la contratación formal. Del otro lado, sindicatos, bloques opositores y especialistas en derecho laboral advierten que el proyecto “pone en riesgo derechos esenciales adquiridos hace décadas”.
El debate legislativo promete ser tenso. Mientras el Gobierno acelera para lograr que la reforma tenga media sanción antes de que termine diciembre, distintos sectores sindicales anticipan medidas de fuerza y posibles recursos judiciales. Todo indica que será uno de los temas que marcará el cierre del año político y el inicio del 2026.
