El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente (Nº 27.795), aprobada por el Congreso el pasado 21 de agosto. La decisión se formalizó este miércoles 10 de septiembre a través del Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial.
La norma busca garantizar un esquema estable de financiamiento para las universidades públicas del país y establecer mecanismos de actualización salarial para docentes y no docentes. Sin embargo, el Gobierno consideró que la iniciativa afectaba las facultades del Poder Ejecutivo en la administración de los recursos del Estado.
Qué contemplaba el proyecto vetado
El texto aprobado por el Congreso planteaba:
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Garantizar el financiamiento universitario en todo el territorio nacional.
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Definir partidas presupuestarias específicas para el programa “Desarrollo de la Educación Superior”, destinadas al sostenimiento de la infraestructura, la investigación, la extensión, la internacionalización, la formación digital y los programas de bienestar estudiantil.
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Establecer una actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades a partir de enero de 2025, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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Reabrir paritarias para recomponer los salarios del personal docente y no docente.
Un veto en medio de tensiones
La decisión de Milei llega en un contexto de fuerte tirantez entre el Ejecutivo y el sistema universitario, que desde comienzos de año viene reclamando por los recortes presupuestarios y el atraso en los fondos para funcionamiento. En abril, las universidades públicas de todo el país realizaron una de las mayores marchas desde 2001, reclamando mayor presupuesto.
El veto también genera un nuevo frente de conflicto en el Congreso, donde bloques de la oposición habían impulsado la norma con amplio consenso. Desde la Unión Cívica Radical, el peronismo y sectores provinciales advirtieron que el rechazo presidencial constituye “un golpe al sistema universitario público” y anticiparon que buscarán insistir con la sanción de la ley.
El argumento oficial
Fuentes del Gobierno señalaron que la objeción responde a la necesidad de “mantener el control del gasto público” y evitar que el Parlamento fije obligaciones presupuestarias que, según la Casa Rosada, condicionan la política económica.
De esta manera, el veto presidencial vuelve a encender la disputa entre la administración libertaria y las universidades nacionales, que advierten por el riesgo de paralización de programas académicos, de investigación y de becas si no se refuerzan los fondos en lo inmediato.
