La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años. Esta semana, la Embajada norteamericana lanzó una dura advertencia a sus ciudadanos: “no viajar” al país gobernado por Nicolás Maduro. El mensaje no se quedó solo en el plano de la seguridad, sino que vino acompañado de una acusación directa contra el mandatario, a quien Washington señala como “jefe del Cartel de Los Soles, una organización narco-terrorista”.
La advertencia oficial advierte sobre riesgos extremos para cualquier extranjero que ingrese a territorio venezolano, incluyendo la posibilidad de detención ilegal, tortura, secuestro y actos de terrorismo. En paralelo, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) publicó un pedido abierto a la ciudadanía mundial para obtener información que permita detener a Maduro y a Diosdado Cabello, figura clave del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional.
En las redes sociales de la embajada, el tono fue aún más desafiante: “Maduro NO es el presidente de Venezuela”, escribieron en un mensaje fijado, insistiendo en que el dirigente está acusado formalmente de introducir cocaína en el mercado estadounidense. Como parte de esa ofensiva, se difundieron teléfonos y correos electrónicos de contacto que funcionan como línea directa con la DEA para quienes quieran aportar datos sobre los máximos dirigentes venezolanos.
El gobierno de Caracas respondió con furia, denunciando lo que considera una “campaña de guerra psicológica” y un nuevo intento de intervención extranjera. Desde el Palacio de Miraflores calificaron la medida como “una operación de persecución política” y acusaron a Estados Unidos de buscar desestabilizar al país en un momento de fuerte crisis económica y social.
La relación entre ambos países viene arrastrando choques desde hace más de dos décadas, pero en los últimos años la tensión escaló a un nivel pocas veces visto. Washington nunca reconoció las últimas elecciones en Venezuela y mantiene sanciones económicas que ahogan al gobierno chavista. Caracas, por su parte, sostiene que se trata de un “bloqueo criminal” que profundiza la pobreza.
En el medio de este cruce, millones de venezolanos siguen sufriendo las consecuencias. La migración hacia países vecinos —incluida la Argentina— no se detiene, y las denuncias sobre represión y falta de libertades políticas alimentan la polémica. Ahora, con la DEA ofreciendo canales de contacto para la captura de Maduro y Cabello, la confrontación entre Caracas y Washington entra en una etapa aún más incierta.
