En un encuentro realizado este martes en el Centro Cívico de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, recibieron a representantes de más de 150 instituciones vinculadas a la discapacidad y reafirmaron su rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad, recientemente aprobado por el Gobierno Nacional.
Durante la reunión, de la que participaron los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, se escucharon los planteos del sector, que reclama la urgente implementación de políticas públicas, actualización de aranceles y sostenimiento de servicios esenciales. También se sumó el respaldo de los legisladores Juan Brügge y Natalia de la Sota, que no pudieron asistir pero hicieron llegar su apoyo.
“Podemos pensar distinto, ser de distintos partidos y tener una idea común sobre esta ley para ayudar a ser una sociedad más humana e integradora”, expresó el gobernador Llaryora, quien además señaló que “el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley”, calificando el veto como una expresión ideológica contraria a los avances en inclusión.
La reunión fue impulsada por la Fundación Converger, Capredis, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, y la Asamblea de Trabajadores por la Inclusión (ATI), bajo el lema “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”. Los referentes destacaron la escucha activa de las autoridades y el valor político del gesto del mandatario.
“Estar todos unidos acá es una muestra de la fuerza que tenemos. No vamos a dar ni un paso atrás en los derechos conseguidos”, dijo Carolina Meloni, representante de la Cámara de Discapacidad de Córdoba.
Desde el colectivo de personas con discapacidad, también se valoró la cercanía del gobernador. “Recibir este apoyo y esta definición política es realmente muy importante, no solo por su rol como gobernador sino también por su proyección nacional”, señalaron.
Por su parte, Martín Passini, integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, fue contundente: “Estamos en una emergencia catastrófica. Las organizaciones que brindan servicios y las propias personas con discapacidad están tratando de sobrevivir con el agua al cuello. Este compromiso político nos da una esperanza para resistir”.
