La Justicia federal dictó este jueves una medida cautelar que frena por seis meses el decreto del presidente Javier Milei que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), uno de los organismos clave en la gestión de la infraestructura vial del país.
La resolución fue emitida por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Martina Forns, quien consideró que la medida impulsada por el Ejecutivo “afecta de forma arbitraria” la estabilidad laboral de los más de 5.000 trabajadores de la DNV.
El fallo suspende la aplicación del Decreto 461/2025 y prohíbe al Poder Ejecutivo realizar cualquier acción administrativa derivada del mismo, incluyendo despidos, traslados, suspensiones, cesantías, reestructuraciones o pases a disponibilidad dentro del organismo.
Reclamo sindical y derechos laborales
La cautelar responde a un amparo presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que argumentó que el cierre del ente vulnera derechos laborales, sindicales y colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En su dictamen, la jueza Forns subrayó que la Dirección Nacional de Vialidad, creada en 1958 por el Decreto Ley 505, posee carácter autárquico y se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, por lo cual su disolución requiere un tratamiento legal acorde con ese marco normativo.
Un organismo estratégico en disputa
La medida del Ejecutivo, oficializada el 8 de julio en el Boletín Oficial, buscaba desmantelar la estructura de la DNV, traspasando funciones al Ministerio de Economía y a la flamante Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, encabezada por Federico Sturzenegger.
Sin embargo, el fallo advierte que la decisión gubernamental no solo afecta los derechos de los trabajadores, sino que también podría comprometer la administración de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, actualmente bajo la órbita de Vialidad.
Debate en curso
La resolución judicial representa un nuevo revés para el gobierno de Milei, en medio de crecientes críticas por el estado de las rutas y la centralización de funciones públicas. Gobernadores como Martín Llaryora, de Córdoba, y funcionarios provinciales de Santa Fe ya habían cuestionado el cierre del organismo.
Aunque la medida cautelar frena el avance del decreto, la Justicia aún debe pronunciarse sobre su constitucionalidad, un fallo que podría ser decisivo para el futuro de Vialidad Nacional y del modelo de obra pública en el país.
