Este martes se conoció que la jueza Julieta Makintach presentó su renuncia al Tribunal Oral 2 de San Isidro luego de la polémica que se originó tras conocerse que protagonizaba un documental que registraba su participación en el juicio por el crimen de Diego Maradona.
El juicio quedó nulo el 29 de mayo a raíz de que los otros dos magistrados que integraban el tribunal recusaron a la jueza. Se trata de Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso. De ese modo quedaron sin efecto más de dos meses de debate en el que pasaron más de 40 testigos por el estrado.
En la primera audiencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el palacio legislativo en La Plata, los 10 conjueces votaron a favor de que Makintach abandone su puesto.
La ahora exmagistrada presentó su renuncia ante el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la que se refiere a su carrera como “extensa e intachable, con capacitación permanente en el ejercicio de la judicatura con vocación y compromiso hacia la justicia”.
Makintach afirma que su decisión “se inscribe en el contexto de los hechos de público conocimiento que han generado un profundo impacto institucional y social, con consecuencias no deseadas, —las que lamento profundamente—, vinculados al desempeño de mi rol jurisdiccional en un juicio oral de alta sensibilidad pública”.
La renuncia
“Asumo que el ejercicio de la función judicial no puede desvincularse de la responsabilidad ética, política e institucional que conlleva integrar uno de los poderes del Estado, cuando defrauda expectativas sociales puestas al servicio de la buena administración de justicia”, añade.
Y agrega: “Consciente del contexto, y del daño que la prolongación de la situación actual podría generar a la confianza pública en el Poder Judicial, considero que en este momento mi mayor contribución a la reconstrucción del prestigio institucional y a la reparación de los errores cometidos es apartarme voluntariamente del cargo”.
“Esta decisión no sólo expresa un compromiso personal con los valores republicanos que guían nuestra función, sino también el convencimiento de que la legitimidad judicial no se sostiene exclusivamente en la legalidad formal, sino también en la percepción pública de confianza, responsabilidad y sensibilidad social frente a los derechos fundamentales”, sigue diciendo.
También sostiene que “presento esta renuncia con serenidad, sin renunciar al derecho de ejercer mi defensa en los ámbitos que correspondan, pero con la convicción profunda de que la credibilidad del sistema de justicia exige gestos firmes y decisiones ejemplares, especialmente cuando se trata de reparar el impacto institucional de una actuación judicial que ha sido ampliamente cuestionada”.