Una denuncia presentada por el Servicio Penitenciario de la Provincia el pasado 18 de junio posibilitó que la Justicia provincial desarticule una organización que, mediante la utilización de certificados médicos falsos, en los que se consignaba enfermedades o embarazos para evitar el “body scanner”, introducían elementos prohibidos a la cárcel de Bouwer.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Judicial de Delitos Económicos, que realizó 120 allanamientos en distintos puntos de la Provincia, detuvo a dos mujeres, secuestró documentación apócrifa, certificados médicos, sellos profesionales, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, CPU y dos millones de pesos.
Al respecto, el Secretario de Organización Penitenciaria, Ivan Ortega, explicó: “Esta investigación fue llevada a cabo por personal del Servicio Penitenciario de nuestra provincia de Córdoba, ante la constatación de que femeninas querían ingresar a los complejos carcelarios, fundamentalmente al de Bouwer y al de Cruz del Eje, munidas de certificados médicos truchos”.
Y agregó: “Allí constatamos firmas falsificadas, usos incongruentes de sellos y membretes. Logramos visibilizar la presunta comercialización de estos tipos de certificados por parte de profesionales que los pedían. Eso ocasionó que, en un expediente de más de mil fojas, el personal penitenciario, munido de todas las pruebas, presentara ante la Unidad Judicial de Delitos Económicos la denuncia correspondiente y que posibilitara haber llevado a cabo toda esta investigación y el éxito del procedimiento”.