El denunciante Santiago Juliá cuestionó este miércoles por la tarde la decisión de la Sala Acusadora del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, que este miércoles rechazó por mayoría su pedido de juicio político contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino.
Luego de conocerse la votación, que terminó con cuatro votos contra dos y dejó la presentación sin avanzar a la siguiente instancia (la Sala Acusadora) Juliá publicó una reflexión en sus redes sociales en la que apuntó directamente contra el oficialismo y puso en duda que la decisión pueda ser considerada una victoria.
“Todo el mundo que le interesa la vida institucional de Carlos Paz ya sabe que el oficialismo blindó a su defensor del Pueblo”, sostuvo el denunciante. Y agregó: “Muchos claramente piensan que es una victoria, e incluso el mismo defensor debe estar creyendo que esto es una victoria. Pero hay victorias que se logran a qué costo”.
Para Juliá, la decisión de rechazar la denuncia tuvo una exposición política que podría terminar siendo más significativa que el resultado de la votación. “Este oficialismo necesitó blindar a su defensor a costa de una exposición tan grande que deberán ser ellos los que analicen si valió más la victoria o el costo”, planteó.
La crítica al rechazo “in limine”
La Sala Acusadora resolvió este miércoles declarar inadmisible la denuncia presentada por Juliá. Leonardo Villalobos, Raquel Merlino, Claudio Bocchetti y Marcela Bosch votaron por el rechazo, mientras que Daniel Ribetti y Pía Felpeto se pronunciaron a favor de admitir el planteo.
Entre los argumentos de quienes rechazaron la presentación estuvo la consideración de que las expresiones cuestionadas de Curvino se encuentran amparadas por la libertad de expresión y que los hechos denunciados no constituyen un incumplimiento grave de sus funciones.
Juliá cuestionó precisamente ese criterio. En su análisis, remarcó que la denuncia podría haber sido admitida para luego ser evaluada durante el proceso y que la Sala Juzgadora tendría la posibilidad de determinar posteriormente si existía o no responsabilidad.
“Podría ser evaluado y luego tranquilamente la Sala Juzgadora determinar que no le cabe responsabilidad”, sostuvo. En cambio, consideró que rechazar el planteo desde el comienzo implica impedir que Curvino tenga que dar explicaciones sobre las conductas que fueron cuestionadas.
“Ya sería demasiado evidente si lo rechazan sin siquiera permitir que pase en esa instancia, de que el defensor dé las explicaciones de por qué actúa, cómo actúa, atropellando estos límites”, expresó.
Juliá también volvió sobre los argumentos que había planteado en su pedido de juicio político, presentado originalmente el 14 de agosto y ampliado el 21 de agosto con documentación sobre distintas intervenciones públicas de Curvino entre 2023 y 2026.
Según explicó, su planteo no se centra solamente en determinadas expresiones del defensor del Pueblo, sino en lo que considera un comportamiento incompatible con las obligaciones propias del cargo.
“La Carta Orgánica le da atribuciones, pero también le impone límites muy claros”, señaló Juliá en la entrevista que recuperó en su publicación. En particular, cuestionó la presunta participación de Curvino en actividades de carácter político-partidario y sostuvo que el cargo exige imparcialidad.
“Es evidente, en sus redes se ve durante tres años, cómo la parcialidad a él lo inunda. Siempre dirigiendo ataques contra el sector que él mismo denomina oposición”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el defensor del Pueblo no debería ubicarse dentro de una disputa entre oficialismo y oposición.
“Él no debería tener oposición”, planteó durante la entrevista. Y cuestionó que Curvino utilice expresiones vinculadas con “opositores” o “precandidatos a intendentes”. Para Juliá, esas intervenciones terminan desdibujando el rol institucional de la Defensoría.
“Él ejerce el poder, pero no como un defensor, sino como un militante”, afirmó. Y sintetizó su interpretación con una frase: “Él es militante con poder”.
La “encrucijada” del oficialismo
El denunciante también vinculó el rechazo de su pedido con el debate que existe en Carlos Paz sobre la forma de elección del defensor del Pueblo.
Juliá sostuvo que el oficialismo municipal se encuentra ante una “encrucijada” porque, por un lado, impulsó modificaciones al sistema de elección de la Defensoría y, por otro, acaba de rechazar que su actual titular sea sometido siquiera a la instancia de análisis del juicio político.
“Ellos mismos han presentado un proyecto para modificar la forma de elección, dando a entender que escucharon a la sociedad”, señaló. Según su razonamiento, si el oficialismo considera necesario recuperar legitimidad para la institución, la decisión de rechazar su denuncia podría entrar en contradicción con ese objetivo.
“Si esa es la visión que ellos tienen, están ahora en un problema serio”, afirmó Juliá.
El planteo del denunciante quedó, finalmente, sin avanzar. Con la votación de cuatro a dos, la Sala Acusadora cerró la primera instancia del pedido de juicio político contra Curvino.
Juliá, sin embargo, interpretó el resultado más allá del número de votos y dejó planteada su propia lectura: el rechazo puede haber frenado el proceso, pero también expuso políticamente a quienes decidieron sostener al defensor del Pueblo.
