El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, respondió públicamente al reclamo judicial iniciado por un estudio de abogados que exige el pago de honorarios y que derivó en un embargo sobre los fondos de coparticipación del municipio. El mandatario calificó la medida como “un despropósito confiscatorio” y aseguró que apelará la resolución judicial para evitar “un daño irreparable a las finanzas locales”.
“Quiero que toda la sociedad, no solo de Cosquín sino de todo el Valle de Punilla, conozca esta historia. Este juicio empezó hace 21 años y tuvo sentencia en 2022. Cuando asumimos, en diciembre de 2023, el proceso ya estaba finalizado”, explicó Cardinali en una entrevista concedida al programa Decisión, que emite Canal 2 de CPTV.
Según relató, el conflicto se originó por un préstamo que una financiera privada otorgó a empleados municipales, con la Municipalidad como garante solidaria. “No hay ningún acuerdo firmado que hayamos podido encontrar. La financiera prestó dinero a los empleados, el municipio se lo descontó de la nómina y nunca le pagó a la financiera”, indicó.
La historia del conflicto
El intendente recordó que en 2003, durante la gestión del exintendente Alberto Bustos, se firmó un acuerdo de reconocimiento de deuda “sin pasar por el Concejo Deliberante”. Ese acto, según Cardinali, dio inicio a una cadena de demandas civiles y penales que derivó en la actual sentencia.
“Estamos hablando de un préstamo que, actualizado, equivaldría hoy a entre 200 y 600 mil dólares, pero el juicio ya supera los 6 millones de dólares. Es una cifra impagable para el municipio”, enfatizó.
Dos juicios paralelos
Cardinali aclaró que existen dos causas distintas: una impulsada por el grupo inversor encabezado por Ricardo Biasotti, exmarido de Andrea del Boca, y otra promovida por el abogado cordobés Andrés Díaz Jofré, que reclama el cobro de honorarios profesionales.
“El juez Martín Conti mantiene frenado el juicio de Biasotti por la emergencia económica municipal, pero habilitó al abogado Díaz Jofré a avanzar con una demanda que incluye un embargo del 33% de la coparticipación, por unos 100 millones de pesos. Lo consideramos un despropósito. Recibimos 500 millones de pesos por mes y apenas alcanzan para pagar los sueldos de los 700 empleados. Nos quieren descontar 160 millones solo para honorarios”, apuntó.
El abogado Andrés Díaz Jofré, por su parte, negó los dichos del intendente y aseguró que “el municipio descontó a los empleados los importes de los préstamos, pero nunca los giró a la financiera”, lo que motivó las denuncias por malversación de fondos y los posteriores convenios de pago incumplidos.
Cardinali retrucó: “No somos mentirosos. Nosotros reconocemos lo que dice la justicia, pero creemos que la génesis del juicio es totalmente ilegal. No puede un intendente, con su sola firma, comprometer el futuro económico del municipio. Además, esos convenios incluyeron intereses leoninos”.
“Nos embargan el futuro de Cosquín”
El jefe comunal advirtió sobre las graves consecuencias que tendría un embargo de esa magnitud:
“Nos están embargando el futuro de todos los coscoínos por los próximos 20 o 30 años. Es imposible pagar eso y seguir prestando los servicios básicos: recolección, agua, obras públicas y atención de salud. Pasamos de 1.800 consultas mensuales en el hospital a 9.000. ¿Cómo se sostiene eso si nos quitan un tercio de la coparticipación?”
El municipio fue notificado de la resolución el viernes pasado y presentará una apelación dentro de los cinco días hábiles establecidos. “Vamos a agotar todas las instancias judiciales. No nos negamos a honrar las deudas, pero queremos discutir el origen del juicio. No vamos a permitir que se embargue el futuro de Cosquín”, concluyó Cardinali.