El escándalo que se generó la semana pasada por el descubrimiento de una presunta falsa médica que atendió pacientes durante tres años en el Centro de Salud del Distrito Oeste de Carlos Paz, dio lugar a un pedido de informes formulado por un concejal de la oposición, el cual fue acompañado por unanimidad del cuerpo legislativo.

En la sesión de este viernes, por unanimidad de los concejales presentes (Oscar Sequeira estuvo ausente) se aprobó la solicitud al Departamento Ejecutivo Municipal “que en un plazo no mayor a diez (30) días remita información fehaciente sobre si existe o existió en dependencias municipales, agente/s municipal/es que se haya desempeñado en el arte de curar no habiendo cumplido con los requisitos de Ley solicitados para ejercer la actividad médica”.

El proyecto de resolución fue elaborado por el edil Walter Gispert y presentado inmediatamente después de hacerse pública la novedad sobre la falsa médica que prestaba servicio en el “hospitalito” de barrio Colinas.

Entre los considerandos del proyecto, Gispert señaló “que el artículo 7º de la Ordenanza 5922 CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA establece que ‘La idoneidad, entendida como aptitud técnica, legal y ética, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública…’”, el cual además expresa que “quien disponga la designación de un funcionario público debe verificar el cumplimiento de los recaudos destinados a comprobar su idoneidad.”

Manifestaciones encendidas de Gispert y Roldán

Durante el tratamiento del proyecto en la sesión, los concejales Walter Gispert y Alejandra Roldán, presidenta del cuerpo legislativo, mantuvieron posturas contrarias y declaraciones intensas, aunque luego ambos votaron a favor del pedido de informes.

“Me preocupa que para tener este tipo de información tengamos que esperar 30 días. Nosotros ya sabemos lo que pasó. Queremos una investigación profunda, queremos saber quién falló”, manifestó Gispert, quien señaló que el intendente Avilés debió haber desvinculado al secretario de Salud, Rubén López.

“Es nuestra obligación por los intereses, los derechos y las necesidades de nuestros vecinos. Pero también es nuestra obligación respetar y defender la institucionalidad del Estado en la división de poderes. Hay una denuncia penal y un secreto de sumario. Queremos que caiga todo el peso de la ley sobre el, los o la responsable. Pero no podemos tirar el nombre de la acusada porque podemos entorpecer la causa. Pedimos 30 días porque es consecuente con lo que venimos pidiendo con todos los pedidos de informe, ojalá nos lo brinden en el menor tiempo posible”, dijo Roldán.