Foto de archivo, ilustrativa.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 12º Nominación de la ciudad de Córdoba, resolvió hoy que el inicio de las audiencias del debate oral del juicio en el que están imputados los 58 policías que participaron de la huelga de diciembre de 2013 se aplazó para febrero de 2018.

Esto se debe a la complejidad de las “numerosas tareas que implican sus actos preliminares” y a las “distintas incidencias procesales que se han suscitado”.

Por medio de un decreto, el tribunal, presidido por Gustavo Reinaldi e integrado por los vocales Gabriela Bella y Mario Capadevila, aseguró que, “pese al empeño puesto”, no será posible comenzar el 29 de agosto, como estaba previsto originariamente.

En la providencia, el tribunal esgrimió: “Considerando las características particulares de este proceso, en especial la cantidad de personas que en sus diferentes calidades necesariamente deberán encontrarse presentes durante las audiencias de debate y el tiempo que insumirán en razón de ello; y sin perjuicio de que oportunamente se fije de manera formal el día y hora de audiencia -respetando los plazos y condiciones que establece el artículo 367 del Código Procesal Penal-, con la intención de que quienes deban asistir puedan realizar las previsiones necesarias para contar con la disponibilidad temporal que el juicio demande; este Tribunal anuncia su intención de dar inicio a esas audiencias a partir de la segunda semana del mes de febrero de 2018”.

En el juicio se debatirá acerca de los hechos de la madrugada del 3 de diciembre de 2013 cuando un centenar de policías se acuarteló en el comando de acción preventiva (CAP) en Barrio Cerveceros por un reclamo salarial. A estos efectivos se sumaron sus esposas que impedían la salida de los patrulleros y en el transcurso de ese día, el conflicto se fue agudizando ya que más efectivos se sumaron al reclamo en la capital y en las principales ciudades del interior cordobés. En horas del mediodía, ya eran más de dos mil los efectivos acuartelados que exigían entre otros reclamos un salario básico de 13.000 pesos.

Mientras tanto, el entonces gobernador José Manuel De la Sota se encontraba en Panamá y viajaba a Colombia a un encuentro regional de gobernadores.

Con la ciudad capital desprotegida y una virtual zona liberada para el vandalismo, en horas de la noche los saqueos y robos se multiplicaron en comercios de ropa, de electrodomésticos y supermercados de distintos barrios.

Luego de 35 horas de saqueos y destrozos, al mediodía del 4 de diciembre De la Sota anunció, después de cuatro reuniones, un acuerdo con los policías acuartelados y volvieron a patrullar las calles.