Foto: Pagina 12.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de Córdoba condenó este martes a tres años de prisión a dos de imputados y absolvió a otros tantos, en el juicio que se le siguió a cuatro ex funcionarios federales, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de la provincia durante la última dictadura militar.

En el marco de la denominada “Causa de los Magistrados”, el TOF 2 decidió condenar a tres años de prisión al ex juez federal Miguel Ángel Puga como autor del delito de “encubrimiento por infracción al deber de denunciar delito reiterado en cuatro ocasiones, en concurso real con incumplimiento de la obligación de promover la acción penal”.

La misma pena recibió el ex fiscal federal Antonio Cornejo, también por ser autor del delito de “encubrimiento por infracción al deber de denunciar delito, en concurso real con el incumplimiento de la obligación de promover acción penal”.

Por otra parte, el tribunal -integrado por los jueces Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino- resolvió absolver al ex secretario penal del Juzgado Federal 1, Carlos Otero Álvarez y al ex defensor oficial Federal, Ricardo Haro.

El tribunal dispuso que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 7 de diciembre.

Los alegatos

En la causa, los cuatro ex funcionarios de la justicia federal cordobesa fueron acusados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de torturas, secuestros, homicidios y de otros delitos.

Durante los alegatos, que comenzaron el 18 de setiembre, las querellas habían solicitado cinco año de prisión para Otero Álvarez y tres para Puga y Cornejo.

En tanto, los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta habían solicitado penas de siete años para Otero Álvarez, cinco para Cornejo y Puga y dos para Haro.

Más de 70 las víctimas pasaron por la Dirección de Informaciones de la policía de la provinca (D-2) y luego por la Unidad Penal 1 (UP1) de la ciudad de Córdoba en causas abiertas por violación a la denominada “ley antisubversiva” de la dictadura.